Prevención en Red

Ir en silla de ruedas se convierte en una auténtica odisea, en muchas ocasiones, para las personas que van en ella. Baños no adaptados, edificios no accesibles -tanto en empresas como en viviendas-, dificultad para acceder a un empleo... Éstos son sólo algunos de los obstáculos con los que se encuentra este colectivo en su vida diaria.  Si algún familiar o amigo con alguna discapacidad que le obligue a ir en una silla de ruedas quiere ir de visita a su casa, ¿puede hacerlo sin problema y sin dificultad si desea ir solo?... Esto es algo que muchas personas nunca se han parado a pensar. "La mayoría de las viviendas no están adaptadas. La accesibilidad para los discapacitados pasa desapercibida. Los arquitectos o empresarios deben tener en cuenta que las empresas o viviendas son para toda la vida y nunca se sabe qué le va a pasar a uno por lo que los edificios deben estar preparados y accesibles para todos". Así reflexiona Enrique Rovira Beleta, arquitecto con discapacidad, artífice de la Guía de accesibilidad para empresas, documento elaborado por el Club de Excelencia en Sostenibilidad y la Fundación Adecco.

En España, un 9% de la población, esto es, 3,5 millones de personas, padece algún tipo de discapacidad. Sin embargo, continúa siendo uno de los países con menor índice de inserción laboral de la Unión Europea (UE). Una de las principales causas de este desajuste viene motivada por la existencia de barreras arquitectónicas, que dificultan enormemente a las empresas el incorporar a personas con dificultad en su plantilla. En la comunidad andaluza, un 9,58% de la población padece alguna discapacidad, cifra superior a la media nacional.

Parece que su integración es una problemática aún no resuelta en la sociedad. En España, la igualdad social en los últimos años ha avanzado en el diseño de políticas de inserción, pero "la normalización queda todavía lejana, a pesar de que uno de los principales colectivos a los que se dirigen las políticas sociales es el de las personas con discapacidad", cuenta Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco.

El artículo 49 de la Constitución fue el primer peldaño legislativo para la integración social de los discapacitados. Este mandato constitucional culminó, en el ámbito legislativo, con la publicación en 1982 de la Ley de Integración Social de Minusválidos, que entre otras cuestiones, obliga a las empresas públicas a emplear un número de trabajadores no inferior al 5% y a las privadas el 2% de la plantilla, cuando éstas están formadas por 50 ó más trabajadores.

Pero lo cierto es que hoy en día, gran parte de las empresas no están preparadas para integrar a personas con algún tipo de discapacidad y esto supone un importante freno para el cumplimiento de esta normativa legal. El 68% de las empresas no cumplen con la citada ley y la Administración Pública está aún más lejos de llegar a ese 5% estipulado, declara Mesonero, en referencia a la presentación en Sevilla de la Guía de Accesibilidad para empresas, "cuyo propósito es formar a las compañías en criterios sobre accesibilidad del espacio y facilitar la inserción de estas personas a un mundo que aún hoy, en pleno siglo XXI, no está diseñado para ellos", según sabel Castillo, responsable del Club de Excelencia en Sostenibilidad. Esa sería la clave: conseguir una buena accesibilidad, entendida como aquélla que existe pero que pasa desapercibida para la mayoría de los usuarios.