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El Gobierno podrá sancionar con multas de entre 6.000 euros y 1,2 millones de euros a aquellas empresas y fabricantes que hagan un uso incorrecto de sustancias químicas, poniendo en peligro la salud y el medio ambiente, según contempla el Reglamento de Registro, Evaluación y Autorización de Productos Químicos (REACH), que obliga a las compañías a evaluar los riesgos de cerca de 30.000 productos. Por este motivo, el Consejo de Ministros remitirá a las Cortes Generales el Proyecto de Ley que establece el régimen sancionador previsto en el REACH, que establece el marco europeo para la comercialización de sustancias químicas y fija un sistema integrado único para su registro, evaluación y autorización, para mejorar el conocimiento de estas sustancias y su control, lo cual supone una garantía para la salud y el respeto al medio ambiente.
Las diligencias de investigación penal sobre siniestralidad laboral incoadas por la Fiscalía en Andalucía en 2008 aumentaron un 107% con respecto al año anterior, lo que este organismo atribuye a la colaboración con sindicatos y la Junta para investigar situaciones de riesgo que podrían derivar en accidentes. Así consta en la memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía, presentada esta semana, que mantiene que el incremento no obedece a un aumento de los accidentes laborales, sino al convenio suscrito con la Junta, en virtud del cual el Ministerio Fiscal tramita diligencias de investigación penal tras ser informado por la Delegación de Empleo o los sindicatos de situaciones de riesgo. La Fiscalía, que considera que sólo de esta forma -actuando de forma previa al siniestro- se contribuye a la prevención de riesgos laborales, subraya también la especialización del Ministerio Público en la materia, de lo que pone como ejemplo los 195 escritos de acusación presentados en 2008 frente a los 143 del año anterior.
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Intercomarcal de Ribera Safor de CCOO PV, Josep Antoni Carrascosa, ha confirmado hoy que el sindicato ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Salud Laboral a la panificadora en la que trabajaba el obrero boliviano que sufrió la amputación de un brazo. Según ha informado Carrascosa a Efe, esta mañana se ha interpuesto la denuncia ante la Fiscalía en el Juzgado de Gandía, que se une a la presentada ante la Inspección Provincial de Trabajo, contra la empresa Horno Rovira Safor SL, dedicada a la elaboración de pan. La denuncia se ha interpuesto por "posible infracción de la normativa de prevención de riesgos laborales" por parte de la panificadora, situada en Real de Gandía, en la cual, el pasado 28 de mayo, el empleado boliviano Franns Rilles sufrió la amputación del brazo izquierdo mientras trabajaba de madrugada. Según las fuentes, "en estos momentos así está el procedimiento", a lo que han añadido que la Guardia Civil de Oliva, que fue alertada por el Hospital Francisco de Borja de Gandía, donde fue trasladado el trabajador, es la que "debe hacer ahora sus propias diligencias" sobre el asunto.
Cuando hacemos alusión al término prevención de riesgos laborales, en la mayoría de los casos centramos nuestra atención en los accidentes que se producen en el lugar de trabajo o los riesgos que conlleva una determinada profesión, sin tener en cuenta otros aspectos ligados a nuestro trabajo, que no por menos 'aparatosos' carecen de importancia o deben ser descuidados. La Constitución española reconoce la obligación de la Administración nacional de promover políticas de protección y promoción de la salud de las personas trabajadoras de una manera integral. Esto es, atendiendo a la seguridad, la higiene, la salud, la prevención de riesgos, así como a todo tipo de daños derivados del trabajo. De esta manera, el Estado asegura un esfuerzo por preservar la integridad física de los trabajadores.
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